LA DESCARBONIZACION DE LA ECONOMIA REQUIERE DESCARBONIZAR TAMBIEN EL PIB

La gran prioridad de Europa y del mundo occidental, como estamos viendo en las negociaciones contra el cambio climático, pasa ahora por descarbonizar el planeta y descarbonizar la economía. Así se pretende en todas las cumbres multilaterales como la última de la ONU sobre el Clima en Katowice en Polonia. 

Poner límites a las emisiones expulsadas a las atmósfera, restringir el tráfico  en las ciudades, atajar los gases con efecto invernadero, prohibir los motores de combustión en unos años, así como el empleo del plástico, apelar al consumo responsable y a la economía circular, fomentar las energías renovables… todos son paliativos. 

Lo que no podremos es erradicar nuestra huella ecológica porque todas las actividades humanas tienen su impacto ambiental. Pretende descarbonizar la economía sin descarbonizar el PIB (producto interior bruto) es ilusorio. A quienes llevan años apelando por un cambio de paradigma. Este cambio pasa por animar a las autoridades nacionales a un cálculo novedoso de la renta nacional (PIB) teniendo en cuenta las externalidades del patrimonio natural (ecológico) consumido y/o dañado sin reparar, y que tarde o temprano tendremos que reponer.

En el 2013 vió la luz cierta iniciativa a favor de recalcular el producto interior bruto y su sustitución por un nuevo PIBe, es decir producto interior bruto ecológico. Pero no sólo por cuestiones económicas de valorar financieramente los costes de reponer el stock ambiental dañado, sino también por cuestiones de salud pública.

Seguir pretendiendo que un país como China presuma de ser el país con mayor tasa de crecimiento económico del planeta desde hace más de una década (con una tasa promedio del 11% del PIB anual), mientras es considerado el más contaminante del planeta, es un sinsentido a los principios contables, económicos, políticos y ambientales. Habría que admitir la inversión que tendría que realizar China para equilibrar los daños  ambientales ocasionados y restarlos de la renta nacional. El resultado sería una tasa de crecimiento posiblemente muy inferior al contabilizado actualmente. El nuevo PIBe debería adoptarse como nuevo patrón de medición económica que refleja los costes de reparación del medio-ambiente.

Como bien relata la obra inédita titulada “EL PIBe: el producto interior bruto ecológico” (2013),  existen suficientes argumentos jurídicos que ampararía dicha propuesta disruptiva. En el caso de España, no sólo ciertos articulados en la Constitución España sino también un buen número de leyes y reales decretos, fallos judiciales, directivas europeas y convenios internacionales suscritos que apelan todos ellos a hacer más transparente la información ambiental y por ende, los costes de reparación.  

EL ESTADO DE BIENESTAR EN EUROPA ESTA EN CUESTION

La llegada de movimientos y partidos populistas, la desafección por las formaciones clásicas y las fallidas recetas socialdemócratas a los tiempos de crisis ponen de manifiesto una cosa: el estado de bienestar en Europa está en serio riesgo.

Otros fenómenos como la globalización, la digitalización de la economía, la baja natalidad de los europeos y el impacto del cambio climático fomentando también la migración, no han hecho sino acelerar el cambio de paradigma de la “economía social de mercado” (nacida a raíz de la II Guerra Mundial en Alemania para costear ayudas a los más débiles con prestaciones sociales y el welfare state o Estado de bienestar que conocemos).

Las políticas socialdemócratas hacia las clases más desfavorecidas, en ocasiones clonadas también por partidos conservadores o neoliberales, se han mantenido prácticamente intactas hasta la aparición de la más grave crisis económica en Europa en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. 

En el caso de España, nuestro estado de bienestar, flaco en comparación con nuestros socios de Europa central y del norte, también se ha resentido con la implosión de la crisis hasta el punto de haber afectado a  instituciones y la totalidad de formaciones políticas. La aparición del 15M fue el primer brote de descontento social conocido en Europa. A día de hoy, los casos de corrupción -en especial de instituciones públicas, en teoría garantes de la ética de lo políticamente correcto-, han socavado por un lado la confianza de los electores y provocado un revulsivo en la Democracia, dando origen a formaciones extremas, tanto de izquierdas como de derechas, que han acabado con el bipartidismo clásico de forma  similar, aunque por razones distintas en el resto de la UE.

La primavera árabe y los conflictos en determinados países entre ellos Siria, no han hecho sino aflorar el problema de la migración masiva. Otros países subsaharianos se han adherido a las pateras con rumbo a las costas del sur de Europa, poniendo de manifiesto que la UE no es consciente del desafío integral de una especie de invasión masiva de origen musulmán, sino que además la yuxtaposición con la crisis económica y la crisis del euro están dado al traste con las paupérrimas arcas del Estado de bienestar en la vieja Europa.

A día de hoy, los partidos socialdemócratas y socialistas de prácticamente toda Europa, han consignado sus índices electorales más bajos desde el fin de la contienda mundial. Y los conservadores, anclados en postulados que no terminan de conectar con el presente. En su lugar, han emergido  partidos populistas (de un extremo y otro) que son tildados por sus contrincantes de radicales, xenófobos y/o anti-europeístas.

Con este trasfondo, unido al terrorismo islámico, los nocivos efectos del cambio climático, los conflictos bélicos en numerosas regiones, la ola de refugiados, migrantes y su impacto en las sociedades de acogida, la disparidad de criterios a la hora financiar el mayor gasto social a costa de un mayor déficit y deuda públicas, junto con las particularidades del Brexit y el fin del combustible fósil para mitigar las muertes por contaminación, evidencian que los políticos y los electores están abrumados. Pero en algo coinciden: la resistencia al fin de la era del “papá Estado” .

Cada vez hemos de afrontar a tantos frentes (sociales, económicos, políticos, ambientales, digitales y hasta demográficos) que difícilmente se pueden seguir financiando como antaño. La lenta exterminación de los europeos -con sus casi ínfimas tasas de natalidad- se intenta compensar con millones de migrantes de credos diferentes aún a costa de su integración. A esto se suma la 4ª Revolución digital que imparablemente dará un revulsivo al mercado laboral (con la implantación de los robots, la IA, las máquinas inteligentes) y seguramente hasta a la democracia digital (eDemocracy).

Pretender mantener el estado de bienestar tiene un alto coste. Pero más desgaste tiene negarse al cambio de paradigma y superar la zona de confort. La comodidad nunca es buena consejera. Los más atrevidos son vilipendiados en la opinión pública porque cuestionan los intereses de unas clases privilegiadas. Pero no hay punto de retorno. Como no tiene retorno el reto del cambio climático, el fin del bipartidismo y la Industria 4.0.

¿Cómo se financia todo esto? Esta es la cuestión. En  vez de ahondar en el debate, optamos por la confrontación política y social. Porque nos da pánico lo desconocido.  Ya no vale la política ni la religión (cuestionada además por la impunidad de los casos de pederastia) de siempre. En un país como España, ultraconservadora y ultra-moralista hasta poco antes del 2008, hemos pasado a liquidar los valores y principios más elementales con la crisis, la corrupción y el rechazo a las reformas estructurales. La democracia en Europa depende también del estado de bienestar. Definir las prioridades y los desafíos, su financiación y co-pago pero apelando también a la gobernanza, nos obligará a conjugar nuevos verbos. 

El siglo XXI digital y verde debe plantearse muchas cosas, y tolerar la valentía que se enfrenta a molinos de viento en toda Europa. El interés colectivo frente al individual. Los planteamientos socialdemócratas de antaño frente a los postulados de nuevo cuño de democracia digital.