Las 14 propuestas que aconseja el catedrático Luis Garicano para reinventar España:
En su libro El dilema de España (Península Atalaya), el catedrático de Economía y Estrategia de la London Business School Luis Garicano plantea que España debe decidir si quiere ser la Venezuela de Europa, a la que nos parecemos ahora, o la Dinamarca del sur, a lo que, asegura, deberíamos aspirar. Para ello, explica (a modo de relato ficticio en el que un periodista del año 2034 explica cómo ha logrado España que dos científicos españoles ganen sendos premios Nobel) las medidas que nuestros gobernantes deberían llevar a cabo.
Medidas políticas
1. Un gobierno de coalición
Un proyecto ambicioso requiere de un pacto ambicioso.
2. Expulsar a los políticos de los órganos técnicos
Lo primero que debería hacer el nuevo Gobierno es exigir la dimisión inmediata de todos los nombramientos políticos en órganos que deberían ser técnicos, hechos por el anterior Gobierno, y nombrar en su lugar a personas independientes de reconocido prestigio.
3. Una nueva ley de partidos
Que imponga normas mínimas para las primarias, obligatorias para la confección de listas, las auditorías y la transparencia de las cuentas.
4. Una reforma constitucional
Que elimine el Senado y las diputaciones provinciales, excepto las vascas.
5. Reducir el número de ayuntamientos
Dinamarca convirtió los 1.389 ayuntamientos con los que contaba en 2007 en 98, y obligó a todos los municipios a contar con, al menos, 20.000 habitantes. España podría convertir sus 8.116 municipios en 600, lo que reduciría el número de concejales de 68.462 a 5.000. Tras esto, se podría transferir un gran número de competencias autonómicas en servicios sociales y educación a los ayuntamientos.
6. Reformar el Estado autonómico
El Gobierno debería introducir un sistema con competencias claramente asimétricas, confederal en la práctica para Cataluña y el País Vasco, y un nuevo modelo de financiación basado en la idea del cupo más una tasa. Esto haría que la mayoría de catalanes se inclinaran a favor de la permanencia en España.
7. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil y criminal y de la carrera judicial
La conjunción de ambas reformas eliminaría el exceso de formalismo y garantismo y reduciría drásticamente el número de apelaciones. Mejoraría la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley. Los delincuentes de guante blanco y los políticos corruptos perderían su capacidad para retrasar el sistema indefinidamente y evitar el castigo. Una nueva ley anticorrupción, más dura, modelada en la legislación estadounidense contra la mafia y la corrupción política, supondría un incremento notable de la efectividad de los tribunales en estos casos.
Medidas económicas
8. Eliminar todos los contratos temporales y el Estatuto de los Trabajadores
Se debería implantar, de forma general, un contrato de trabajo a la austriaca. Todos los empresarios contribuirían con 10 días por año a una pensión de despido (el 2,75% de la masa salarial) libre de impuestos, que sea un derecho del trabajador. En caso de despido, el trabajador cobra 10 días por año trabajado por esta pensión, además de un máximo de 10 días adicionales pagados directamente por la empresa, que se convierten en 15 en caso de despido improcedente. Si el trabajador no es despedido, los 10 días por trabajador contribuidos se añaden a la pensión de jubilación.
La reforma reduciría los costes de la Seguridad Social para compensar los costes laborales debido a la nueva pensión por despido. Los costes adicionales de la reforma se financiarían vía la expansión de la base del IVA y la subida de los impuestos especiales (gasolina y tabaco).
9. Movilizar a los parados
Los parados, para recibir su subsidio, tendrán que ser “enseñantes” o “aprendices”. Habrá una lista concreta de materias de las que se podrá impartir o recibir clase y se emparejará a los parados alumnos con los parados profesores, según sus aptitudes. Mientras no se tenga un empleo, los parados tienen que asistir como mínimo a cuatro horas de clase al día, o enseñar dos. Tres faltas de asistencia conllevaría la pérdida del subsidio. Supondría un cambio radical en la percepción de lo que realmente es el paro: ya no se estaría desempleado, sino en proceso de formación.
10. Reformar los mercados y organismos reguladores
Con el lema “Incrementar la competencia y la protección del consumidor” se introducirían reguladores independientes de los mercados y se reformaría en profundidad la estructura de los mercados financieros, eléctricos y petrolíferos, de comunicaciones, etc. Todo ello supondría una fuerte caída de los precios, sobre todo eléctricos, y pondría la base para un incremento de la competitividad de las empresas españolas, especialmente las consumidoras intensivas de electricidad y energía.
11. Contundente simplificación administrativa
El Gobierno debería trazar un ambicioso plan para que España se situara a la altura de Singapur en los indicadores internacionales de facilidad para hacer negocios. Se implementaría un nuevo marco jurídico para la entrada y la creación de empresas y la eliminación de licencias previas y otros trámites.
12. Incrementar la demanda de empleo para los parados sin cualificar
Esto se podría lograr mediante el objetivo Florida. El plan pasaría por introducir una serie de cambios fiscales y en la cobertura sanitaria con el fin de que España fuera el destino más atractivo desde el punto de vista económico para los retirados extranjeros. Esto incluiría la eliminación de los impuestos de sucesión sobre la renta para los mayores de 65 años.
13. Asegurar la sostenibilidad del Estado del Bienestar
Para ello sería necesario conservar la sanidad pública, pero introduciendo criterios de eficiencia bajo el modelo británico y un modelo de cuentas nocionales a la sueca en las pensiones (un modelo por el cual cada trabajador sabe en todo momento cuánto ha acumulado en su cuenta). Finalmente, habría que introducir la eliminación definitiva de la desgravación fiscal por vivienda y fomentar el alquiler hasta que llegue al 40%, lo que favorecería la movilidad interna en el país.
Reformas educativas
14. Reforma del sistema educativo en su conjunto
La educación en España requiere una metamorfosis profunda. El componente clave de la reforma debe ser el cambio en la gobernanza de los centros, así como en la carrera profesional de profesores y directores. Ambos pasarían a cobrar mucho más (los directores el doble que los profesores), y la educación atraería a mejores profesionales. El Gobierno debería crear una Agencia Independiente para la Evaluación de las Escuelas, que publicara análisis detallados de su funcionamiento, incluyendo los resultados en los exámenes estandarizados y análisis pormenorizados de la creatividad, la capacidad de expresión oral y escrita, etc. La financiación de los centros quedaría ligada a la demanda de los estudiantes, de forma que aquellos sin alumnos tuvieran que cerrar.
La reforma universitaria se adaptaría a los modelos existentes, sobre tres pilares: autonomía absoluta personal y financiera de la universidad, así como su desfuncionarización; el rector sería nombrado por un patronato externo; toda la financiación se realizaría en función del éxito de investigación y de docencia. Los avances en investigación se medirán por su impacto, no por su número. Algunas universidades caerían, pero el resto mejorarían.
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